Con motivo del Día Europeo de las Víctimas de los Delitos de Odio que se conmemora hoy, 22 de julio, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) alerta sobre la falta de empoderamiento que sufren las personas trans para denunciar o incluso identificar los delitos de odio de los que son víctimas como consecuencia del fuerte estigma y de la negación constante de su realidad a la que son sometidas.

En este sentido, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, explica que “se trata de personas tan acostumbradas a la violencia que, por un lado, han llegado a normalizarla y, por otro, temen ser cuestionadas o no tratadas correctamente a la hora de denunciar por lo que, a pesar de sufrir una elevada tasa de violencia, no acuden a las fuerzas y cuerpos de seguridad ​”.

En este sentido, FELGTB denunció recientemente que, según una encuesta realizada a una muestra de personas trans, más del 40% había sufrido amenazas o maltrato psicológico en 2018. Sin embargo, de los 971 delitos de odio que FELGTB identificó ese mismo año a través de su informe anual como casos registrados a través de centros policiales y organismos públicos o entidades LGTBI, solo el 16% se había cometido contra personas trans.

Asimismo, FELGTB señala que cuanto más se amplía la muestra de sus estudios, más se incrementa el porcentaje de personas trans que ha sufrido incidentes de odio. En el informe anual sobre delitos de odio por LGTBIfobia relativo a 2017, fueron 21 los casos cometidos contra personas trans del total de 332 analizados, un 6%. Sin embargo, en el mismo informe pero relativo a los datos de 2018, de los 971 casos de violencia por LGTBIfobia registrados, 155 fueron contra personas trans, un 16%.

Así, Sangil explica que “la negación de su identidad es una agresión constante a la que estas personas tienen que hacer frente prácticamente a diario y que las hace más vulnerables ante cualquier otra discriminación, sobre todo en el caso de quienes no pueden cambiar su identidad a nivel registral para que aparezca reflejada en su documentación oficial. Esto las expone a una situación de extrema vulnerabilidad ya que no disponen de ningún respaldo legal para acreditar su realidad, a lo que tampoco ayuda la proliferación del discurso de odio contra las personas trans en la esfera pública que estamos experimentando en los últimos meses”.

“Por eso, es urgente e imprescindible que tengamos una ley estatal que garantice tanto su derecho de autodeterminación, como la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en materia de identidades trans”, reclama la presidenta.  Y es que, tal y como asegura, “la negación de las identidades trans puede incrementar la incidencia de los delitos de odio contra esta parte del colectivo”.

En este sentido, añade que “solo el reconocimiento jurídico del derecho de autodeterminación permitirá a las personas trans luchar contra el fuerte estigma al que son sometidas y tener garantizada una correcta atención a la hora de denunciar, de acceder al sistema sanitario, al mercado laboral, etc”.

“Para ello, necesitamos dejar de legislar por parcelas o a través de sentencias judiciales y contar con una legislación estatal que dé respuesta a las necesidades actuales de las personas trans y supere marcos normativos anteriores, como la 3/2007, que a pesar de ser punteros en su momento, han quedado obsoletos en relación a las últimas resoluciones de la OMS, del Parlamento Europeo y en comparación con las legislaciones de otros países”, asevera.

Delitos de odio contra el colectivo LGTB+

“Aunque las personas trans son las más vulnerables del colectivo, el resto de personas LGTBI siguen siendo víctimas de violencias LGTBIfóbicas y la infradenuncia también se produce entre mujeres L y B, personas LGTBI sin hogar, menores, mayores, hombres cis usuarios de zonas cruising o migrantes no regulares”, explica la vocal de delitos de odio de FELGTB, Arantxa Miranda.  En este sentido, explica que la particularidad de los delitos de odio contra el colectivo LGTBI es que en el 40% de los casos, según el último informe de delitos de odio de FELGTB publicado en 2019, son cometidos por personas del entorno cercano (26%) o incluso familiares (14%).

Así, asegura que, con frecuencia, el colectivo LGTBI recibe la discriminación y la violencia de su propio grupo supuestamente de apoyo o confianza, lo que dificulta la salida del armario para evitar que la exposición a la violencia continúe. Esto puede tener graves consecuencias como la disminución del acceso a recursos básicos, como los sanitarios, e incluso a los mecanismos de denuncia.

“La visibilidad es imprescindible ya que es una de las herramientas más importantes que el colectivo debe tener para denunciar los hechos que atenten contra su dignidad. Los delitos de odio ponen en riesgo la seguridad y la convivencia de toda ciudadanía. Un ejemplo fue la masacre motivada por el odio que tuvo lugar en Oslo y Utoya donde 77 adolescentes perdieron la vida”, explica Miranda.

Por otra parte, el último informe de FELGTB también evidenció que el 7% de los incidentes discriminatorios ocurre en los espacios educativos y que el 6% de las víctimas de delitos de odio por LGTBIfobia eran menores de 18 años.  Así, la vocal recuerda que “la LGTBIfobia sigue siendo una de las principales causas de acoso escolar, lo que hace imprescindible blindar y transversalizar la educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género para protegerla de vetos parentales y de cualquier otro tipo de medidas que atente contra los derechos del alumnado”.

Agresiones, acoso, insultos, abusos sexuales, daños a la propiedad, denegación de servicios o atención médica y acoso laboral componen los casi mil casos de delitos de odio cometidos contra la población LGTBI durante el último año del que se tienen cifras (2018).  La mayoría de los datos recogidos corresponde a agresiones verbales (31%), a acoso o intimidación (27%) y a agresiones físicas (17%).

“Las personas LGTBI necesitamos una legislación urgente que nos proteja contra estas violencias y contra la vulneración continua de nuestros derechos. Debemos recordar que los Estados de derecho deben legislar para dar respaldo a la parte de la población más vulnerable y más expuesta a las discriminaciones”, concluye la presidenta de FELGTB, Uge Sangil.

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