Hemos leído en diferentes periódicos la noticia relacionada con el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI.

Desde las entidades LGTBI del País Valencià que suscriben este comunicado queremos expresar nuestro más profundo desacuerdo con las discrepancias manifestadas por el Gobierno central en relación con los artículos 26 y 60 de la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI.

En primer lugar, no entendemos como ha podido darse la situación de que una Ley que ha sido tramitada; es decir trabajada en profundidad, por las entidades LGTBI, por los diferentes partidos políticos, que ha tenido sus diferentes análisis preceptivos antes de pasar por la votación definitiva para ser aprobada; pueda ser ahora cuestionada una vez aprobada.

Es aún más incomprensible si tenemos en cuenta que el mismo partido político que sustenta estas discrepancias desde el gobierno central fue uno de los partidos defensores de dicha Ley durante su tramitación.

Una de las discrepancias está relacionada con el Artículo 26 que versa sobre la “Integración del derecho a la igualdad de trato y oportunidades de las personas LGTBI”. Este artículo habla del derecho de las personas a no ser discriminadas por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar; del deber de las empresas a respetar la igualdad de trato, de condiciones y de oportunidades de las personas LGTBI; y de las medidas que el Consell debe impulsar para fomentar la igualdad y la no discriminación de personas LGTBI.

Si este artículo se excede de las competencias de la autonomía o si contraviene algún tipo de legislación estatal, tanto el gobierno como todo el estamento político deben ser conscientes de la LGTBIfobia institucional y normativa que esto implica por lo que deberían acelerar los cambios normativos para promover, impulsar y garantizar el derecho a la igualdad de trato y oportunidades de las personas LGTBI en todo el estado.

Por otro lado, la discrepancia relacionada con el Artículo 60 que describe las infracciones administrativas y las clasifica de leves, graves y muy graves; atañe directamente a la capacidad sancionadora de la autonomía.

Desde las entidades LGTBI consideramos un despropósito y un abandono de la justicia dejar desprotegidas a las personas LGTBI por un conflicto de competencias.

A estas discrepancias que el gobierno central ha formulado ante la Ley LGTBI Valenciana, debemos recordar que también han impedido la aprobación de la Ley LGTBI Estatal que había planteado la FELGTB en plazo y que hubiese eliminado cualquier discrepancia posible con la normativa autonómica en cuestión.

Si bien el tema principal de este comunicado es la Resolución en relación a la Ley LGTBI, no es menos cierto que los medios de comunicación han hecho un uso tendencioso de esta resolución y les hacemos un llamamiento al respeto por los derechos de las personas LGTBI y a que no se nos utilice como arma arrojadiza ante las inminentes elecciones.

Entidades firmantes: Lambda, col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals; Club Esportiu LGTB+ Samarucs; Galesh, asociación de familias homoparentales; AMPGYL, Familias Contra la Intolerancia por Género; LGTBI Comarcal Mirall Camp de Túria; Marietes LGTBI l’Eliana; LGTBI Mariola; QueerFest col·lectiu LGTBIQ+ Castelló; Colectivo Alicante Entiende.

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