Desde Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, ha presentado una denuncia penal contra el Director General de Diversidad, Stephane Soriano Gómez, por considerar que habría incurrido presuntamente en tres delitos de revelación de secretos y dos de prevaricación.
Aunque ha sido presentada hace unos días, la asociación ha esperado a que pasara el Orgull para hacerla pública de manera que no se quitara el foco de las reivindicaciones de las personas LGTBIAQ+. Esta denuncia se ha interpuesto en los juzgados de València una vez que la administración ha dejado constancia de que «la justificación de gastos realizada por Lambda en relación con el concierto ha resultado adecuada en más de un 99%».
El colectivo LGTBIAQ+ valenciano denuncia tres presuntos delitos de revelación de secretos por declaraciones hechas en tres medios de comunicación sobre información de expedientes administrativos que no eran aún conocidos por la propia entidad: en Les notícies del matí de À Punt, el 20 de mayo de 2024; en un programa de la 99.9 Valencia Radio, el 22 de mayo de 2024; y en una entrevista publicada en El Español el 29 de mayo de 2024.
En este caso se apela al artículo 417 del Código Penal según el cual «La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años».
«Si el director general hubiese hablado del contenido de dicha resolución una vez firme, esta denuncia no se habría puesto, por tratarse de información pública», aclara Fran Fernández, coordinador general de Lambda, «pero hizo públicos datos que no lo eran ni venían acompañados de resolución firme, y que fueron emitidas desde una posición institucional con capacidad de generar efecto público inmediato y duradero en nuestra contra y que, además, se han demostrado falsos o inexactos».
Además, las declaraciones del director general se produjeron solo cinco días después de que Lambda denunciara públicamente ante los medios de comunicación, el 15 de mayo de 2024 en el contexto de la presentación del Orgull LGTBI+, «injerencias, amenazas y malas formas por parte de la administración autonómica en la gestión de ese evento», por lo que creen que «han generado un perjuicio reputacional grave y sostenido en el tiempo a la entidad».
En cuanto a la presunta prevaricación, Lambda denuncia dos delitos conforme al artículo 404 del Código Penal, que dice: «La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve a quince años».
Dos expedientes económicos del servicio Orienta fueron auditados por una empresa externa elegida por la administración y en ambos casos, las auditorías se resolvieron de forma favorable a la entidad. Con posterioridad, la propia Generalitat Valenciana revisó toda la documentación y propuso un acuerdo de reintegro inferior al 1%.
«Hasta aquí todo era normal pero justo antes de formalizar el acuerdo de pago, el director general firmó dos ampliaciones unilaterales en las que aumenta un 150% las cantidades reclamadas», explica el coordinador de Lambda, y conforme a las solicitudes de la entidad de revisión de estos expedientes, no existe «ningún informe técnico ni jurídico que motive o sustente tales ampliaciones» como exige el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, y tal y como recogen en la documentación presentada.
Además, «la arbitrariedad de la resolución queda probada también por el hecho de que, tras las alegaciones interpuestas por la entidad, la administración ha retornado los importes a su valor inicial», explicitan. También «la falta de fundamento de la ampliación» y que se repita «simultáneamente en dos expedientes distintos de Lambda abunda en el hecho de que fue una decisión arbitraria, y lo que se perseguía era perjudicar» a la entidad. La misma intencionalidad que advierte Lambda en las palabras atribuidas al Director General de Diversidad en el artículo publicado por eldiario.es el 26 de junio de 2024 y que se referían al colectivo LGTBI valenciano: «“Le han quitado ya el convenio de Diputación y de la Generalitat, que no esperen nada”».
«Lambda, como entidad social sin ánimo de lucro, depende del buen nombre y la confianza institucional y social y las insinuaciones de mala praxis, difundidas sin base alguna y por parte de un cargo público supone un daño real y directo tanto en nuestro trabajo diario como a nuestra reputación», lamenta el representante del principal colectivo LGTBIAQ+ de València.
