Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar; Chrysallis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans*; Club Esportiu LGTBI DRACS València; València Diversitat; Ponts d’Igualtat y Ponts d’Igualtat d’Alacant; CLGS Lgtbi+ Safor Valldigna; Asociación de empresas y profesionales para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la Comunitat Valenciana (Avegal); Galesh Associació De Famílies LGTB; Peña Valencianista LGTBI y Samarucs València LGTB+ Club Esportiu se unen a la convocatoria estatal conjunta y unitaria bajo el lema «Ley trans: derechos humanos, sin recortes, para todes».
La manifestación en Madrid está organizada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+); Federación Plataforma Trans; Chrysallis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans*; Fundación Triángulo; COGAM; No binaries España; KifKif migrantes y refugiados LGTBI y No es Terapia con el objetivo de exigir al PSOE que no recorte los derechos humanos de las personas trans en la Ley Trans y LGTBI.
La concentración valenciana tendrá lugar el sábado 10 de diciembre, a las 17:00 horas, en la plaza del Ayuntamiento de València. A la misma hora comenzará la manifestación en Madrid.
«Exigimos al partido socialista que deje de jugar con las vidas de las infancias trans y de utilizarlas como arma arrojadiza en sus contiendas políticas, y que respeten los derechos que reconocieron en su último congreso federal», reclama Fran Fernández, coordinador general de Lambda.
«Esta ley es una ley administrativa, como la del matrimonio igualitario, para que nuestra infancia pueda ver reflejado su género en su DNI. Inseguridad es la que viven actualmente al estar expuestas a violencias amparadas por un estado que les niega y les invalida”, defiende la presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil.
Por su parte, la presidenta de Plataforma Trans, Mar Cambrollé, afirma: «Estamos viviendo un momento histórico en nuestro país. Los derechos de las personas trans están siendo un campo de batalla ideológico donde las posiciones anti derechos abrirán la puerta a la ultraderecha, ante el peligro de que la Ley Trans finalmente no salga o lo haga con un recorte en derechos». Todas las entidades Trans y LGTBIQ del Estado nos hemos unido llamando a la movilización en las calles para exigir al PSOE que de una vez por todas cesen en su empeño de recortar nuestros derechos, continúa.
La presidenta de Chrysallis Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans*, Ana Valenzuela, insiste en que los verdaderos riesgos para la infancia trans se originan cuando su documentación no coincide con su identidad. «Quienes hablan de riesgos y protección para las personas menores trans no viven con ellas ni conocen sus realidades», asegura. En este sentido, las entidades señalan que según un estudio que publica The Lancet Child & Adolescent Health, la juventud trans tiene entre cuatro y cinco veces más probabilidad de desarrollar conductas suicidas que el resto de la población joven.
Además, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, asegura que las personas LGTBI+ no entienden qué sentido tiene prohibir a una persona menor de edad que pueda realizar un cambio administrativo en el Registro Civil. «Se trata de menores que ya están viviendo con su identidad de género en su familia o en el colegio y sienten humillación y la necesidad de dar explicaciones cada vez que tienen que mostrar su DNI», explica.
«El anteproyecto de ley aprobado elimina requisitos obligatorios de hormonación y no habla en absoluto sobre tratamientos médicos que son competencia autonómica. ¿Por qué, por tanto, se quiere negar a las personas menores de edad la posibilidad de realizar este apunte administrativo?», pregunta.
Un derecho amparado por el Tribunal Constitucional y la Unión Europea
Las entidades apuntan que ya existe jurisprudencia en España que reconoce el derecho de las infancias trans a ver reflejada su identidad en su DNI. En 2019, el Tribunal Constitucional determinó que el artículo 1.1 de la Ley de 2007 para la rectificación registral del sexo, vigente a día de hoy, es inconstitucional al excluir a las personas trans menores de edad.
El Tribunal dictó en una sentencia que «establecer la propia identidad no es un acto más de la persona, sino una decisión vital, en el sentido que coloca al sujeto en posición de poder desenvolver su propia personalidad”. Cualquier persona que «se vea obligada a vivir conforme a una identidad distinta de la que le es propia sobrelleva un lastre que le condiciona de un modo muy notable».
Además, el Consejo General del Poder Judicial aseguró en su informe que “podrá ser constitucionalmente legítima (..) la opción legislativa conforme a la cual se dote al derecho a la identidad sexual de su mayor virtualidad, extendiéndose a un determinado tramo de la minoría de edad sin someterlo a condición alguna, en el marco de un procedimiento registral”.
Las entidades inciden en que este derecho está amparado por Naciones Unidas, la Unión Europea y la legislación de 15 países. En este sentido, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Asociación Transgénero e Intersexual (ILGA-Europa), que agrupa a más de 700 organizaciones de 54 países, envió el pasado martes una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para recordar que el Comité del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Discriminación, la Diversidad y la inclusión señala que «las restricciones de edad explícitas o implícitas pueden obstruir el principio del interés superior para jóvenes y como personas mayores trans».
