Desde Lambda, col·lectiu LGTBIAQ+ del País Valencià, hemos presentado una queja ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana por lo que considera «una limitación del ejercicio efectivo del derecho fundamental de manifestación» durante la celebración del Orgull LGTBIAQ+ de València, tras como consta en la denuncia presentada esta mañana por vía telemática.
Entendemos que el inicio de las obras en la calle Colón, principal vía por la que transcurre la manifestación y que concentra aproximadamente el 70% de su recorrido y de la aglomeración de público, alteró de forma significativa las condiciones en las que históricamente se desarrolla la marcha y redujo su capacidad de proyección pública.
Lambda solicita al síndic que investigue «las razones por las que dicha información no fue trasladada a la organización de la manifestación», cuando esta actuación municipal afectaba una convocatoria multitudinaria que cada año reúne entre 15.000 y 20.000 personas, según estimaciones de la Delegación del gobierno.
El recorrido «se mantiene sustancialmente inalterado desde hace aproximadamente diez años», asegura la denuncia del colectivo LGTBIAQ+, y dicha falta de información impidió a la organización «valorar alternativas o adoptar medidas dirigidas a minimizar el impacto que las obras podían tener sobre el desarrollo de la manifestación y sobre la difusión pública de su mensaje».
«Durante más de una década existió una práctica continuada de coordinación e interlocución entre el Ayuntamiento de València y la entidad organizadora de la manifestación», recoge la queja ante el síndic, y es «especialmente grave que esa falta de información se produzca cuando el Ayuntamiento de València deja de participar, por primera vez en once años, en las tareas de coordinación de la manifestación», apunta Airto Granell, coordinador general de Lambda.
Adelanto de las obras
Las obras comenzaron el lunes 15 de junio, apenas tres días después de la reunión preparatoria celebrada en la Delegación del gobierno. Durante dicha reunión, en la que participaron «la delegada del gobierno en la Comunitat Valenciana, el subdelegado del gobierno en Valencia, representantes de la policía nacional y de la policía local, abordándose exclusivamente cuestiones relacionadas con la seguridad del evento», el Ayuntamiento no informó a la organización de una actuación que afectaba directamente a las condiciones de desarrollo de la manifestación y a su capacidad de proyección pública.
La alcaldesa de València anunció públicamente el mismo 12 de junio el adelanto del inicio de las obras de la calle Colón para el lunes 15 de junio. Esta actuación estaba inicialmente prevista «tras la finalización de las obras de Pérez Galdós y Giorgeta», como consta en nota de prensa del propio consistorio, a 20 de febrero de 2026.
Para Lambda, resulta especialmente significativo que la información del adelanto de las obras se hiciera pública el mismo día en que tuvo lugar la reunión preparatoria de la manifestación, sin que se pusiera en conocimiento de la organización esta actuación que afectaba a la principal vía del recorrido.
Por todo ello, la entidad solicita también al Síndic de greuges que evalúe «si la actuación municipal descrita resulta compatible con los principios de buena administración, transparencia, coordinación institucional, buena fe administrativa y confianza legítima», y que, si fuera el caso, traslade las recomendaciones oportunas «para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse».
Consecuencias de las obras
Las obras supusieron la reducción de la calzada, la ocupación de espacios peatonales mediante vallados opacos, contenedores y maquinaria, así como la limitación de zonas de acogida de la calle Colón, habitualmente utilizadas por el público para seguir el desarrollo de la marcha. Según Lambda, estas circunstancias redujeron «significativamente los espacios desde los que la ciudadanía podía seguir la marcha de la manifestación y recibir el mensaje reivindicativo» y que son el objetivo fundamental de cualquier orgullo LGTBIAQ+.
«La libertad de manifestación no consiste únicamente en poder recorrer una calle. También implica que la ciudadanía pueda ver, escuchar y recibir el mensaje que la manifestación pretende trasladar, señala Airto Granell. Cuando se reduce de forma significativa el espacio disponible para el público, su capacidad de visión desde la acera y se altera la principal vía del recorrido sin informar previamente a la organización, se está afectando al alcance efectivo de ese derecho».
La queja ante el síndic no agota las actuaciones previstas por la entidad. A la vista de los resultados de la investigación, Lambda evaluará cuantas medidas resulten procedentes para la defensa del derecho de manifestación y la exigencia de las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse de los hechos investigados.
