EN RESPUESTA A LAS DECLARACIONES DE BEATRIZ GASCÓ EN EL PLENO DE CORTS VALENCIANES, Punto 8: Propuesta de creación de una comisión de investigación sobre la práctica de las conocidas como «terapias de conversión» de la orientación sexual, identidad o expresión de género contra niños y niñas, como ahora los casos denunciados al colegio Madre Josefa Santos de Alaquàs, presentada por el Grup Parlamentari Compromís (RE número 23.301, BOCV 87).
Desde Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, en calidad de entidad gestora del servicio ORIENTA y en referencia a las manifestaciones de la diputada Beatriz Gascó, del Partido Popular, vertidas en les Corts en el contexto del debate sobre la apertura de una comisión de investigación sobre terapias de conversión mantenido el pasado 23-10-2024, queremos manifestar que:
Mostramos toda nuestra solidaridad, afecto y respeto a las víctimas, tanto a las que han denunciado como a las que, siendo también víctimas, no han podido hacerlo por el motivo que sea. Nos parece lamentable que se sigan utilizando argumentos como: cuándo se ha denunciado o dejado de denunciar, quién debería hacerlo o de quién es la culpa, obviando totalmente a la víctima y sus sentimientos, sin comprender la dureza del proceso y la fortaleza que requiere llegar hasta aquí. Sería mucho más productivo y positivo centrarse en aplaudir que ahora haya una denuncia y poner todas las energías en esclarecer los hechos y perseguir a los agresores y agresoras.
El servicio Orienta no es un servicio donde recoger o tramitar denuncias como se ha afirmado. Es un servicio integral donde se da asesoramiento legal, psicológico y social poniendo siempre por delante la voluntad de la persona que consulta. Cosa perfectamente conocida por la administración actual. Si una víctima se niega a denunciar un hecho, el procedimiento es informar, acompañar y respetar su voluntad. Y todo ello, dando por cierto que, efectivamente la víctima hubiera acudido a Orienta Valencia como se afirma. La señora Gascó parece tener acceso a información a la que ni siquiera la entidad gestora puede tener. Lo cual resulta altamente preocupante en lo referente a la gestión que se hace de los datos sensibles de los que la administración es titular.
Ciertamente la GVA es la titular de los datos que gestiona ORIENTA, “victima de terapia de conversión” no es una categoría que aparezca en los informes que se realizan mensualmente, trimestralmente y anualmente desde el servicio a la administración. Después de un año recibiendo informes, resulta inverosímil pretender que la administración actual desconoce este hecho. Por tanto, argumentar que la administración anterior conocía las denuncias sobre terapias de conversión y no hizo nada, nos resulta torticero.
Las palabras de la señora Gascó no dejan mucho lugar a duda pero, ¿El partido Popular pretende, por ejemplo, que cuando una persona, que sufrió una agresión sexual hace 7 años, acuda a un centro espacializado a pedir apoyo, la profesional que la atienda denuncie lo que se le cuente, obviando la voluntad de la víctima? Si se pregunta a entidades sociales que tratan con víctimas, como puede ser Lambda, la respuesta es clara: siempre se debe respetar la voluntad de la persona. Es lo que llevamos 38 años haciendo cuando acompañamos víctimas. Y es lo que se recomienda desde cualquier servicio o entidad seria que aborde estas cuestiones. Es un tema tan básico para cualquiera que trabaje con cualquier tipo de víctima (viogen o LGTBIfobia, entre otras…) que resulta preocupante que el Partido Popular lo desconozca, o pretenda desconocerlo.
Cuando una víctima consulta a una entidad (o a un servicio público), la confianza en la confidencialidad de la información es fundamental. Meter el servicio Orienta (y de paso a la entidad gestora) en este debate, donde verdades y medias verdades se mezclan con mentiras, no solo perjudica la credibilidad del servicio sino la de la propia administración. Algo dramático si se tiene en cuenta, por un lado, que la desconfianza es uno de los principales motivos de infradenuncia para el colectivo LGTBI+ y por otro, lo mucho que ha costado a la administración, y a nuestra entidad, posicionar a Orienta como un servicio público de referencia, confiable, no solo en la Comunidad Valenciana sino a nivel estatal.
Muy lejos de las insinuaciones vertidas por la señora Gascó, desde Lambda queremos poner en valor la profesionalidad, buen hacer, discreción y respeto a las personas usuarias con el que actúa el equipo actual de Orienta en València. Es precisamente este buen hacer el que, muy posiblemente, ha llevado a que víctimas que entraron en el servicio destrozadas y con miedo, hoy, probablemente, se sientan fuertes y amparadas para denunciar públicamente las violencias sufridas.
Desde el cambio de gobierno venimos viviendo ataques constantes a entidades como Lambda por parte de la derecha, la extrema derecha y, por desgracia, desde la propia administración. Se suceden los intentos de controlar, manipular y vaciar de contenido el servicio Orienta, Y, como no se está consiguiendo, se intenta desprestigiar. Para nosotras, el objetivo que se tiene con este tipo de actuaciones es poder justificar, más pronto que tarde, el cierre del servicio Orienta, gestionado por Lambda en Valencia, tan necesario para la comunidad LGTBI+. No es baladí que este servicio no tenga presupuesto consignado más allá de 2025.
Exigimos a quien corresponda que desde el Consell se responda adecuadamente a este ataque del Partido Popular contra un servicio público. La ciudadanía debe saber que la oficina de Orienta en València es auditada anualmente para la renovación de la Certificación del sistema de gestión (ENAC – ISO 9001:2015). Adicionalmente, el servicio ha sido auditado por los servicios sociales de la Generalitat, con un resultado sin valoraciones negativas o requerimientos a este respecto y, además, la administración tiene en su poder un informe, desde el pasado 2 de octubre de 2024 respecto a esta cuestión concreta. A día de hoy no han comunicado que no se hubiera actuado con diligencia, ni al servicio Orienta ni a la entidad gestora. Por desgracia, se está volviendo habitual que seamos puestas en entredicho en la prensa o en los debates de les Corts, sin que medie comunicación ninguna desde el órgano responsable. Es por ello que actuaciones como la de la señora Gascó, con informaciones dudosas y acusaciones injustas, solo sirven para aumentar nuestra desconfianza en el gobierno actual y profundizar en la percepción de persecución que venimos denunciando desde hace tiempo.
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