Las entidades firmantes denunciamos que la Generalitat Valenciana está incumpliendo de manera grave la Ley 23/2018 de igualdad LGTBI y la Ley 8/2017 integral del reconocimiento del derecho a la identidad y expresión de género, al desmantelar o dejar sin continuidad los servicios públicos que estas normas obligan a garantizar de forma estable, especializada y territorialmente equilibrada. Los procesos abiertos, especialmente en Orienta Alicante y L’Armari de la Memòria, suponen un retroceso estructural en la protección de derechos.
1. Orienta Alicante: desmantelamiento mediante presión administrativa y adjudicación sin personal cualificado
Denunciamos que la administración:
- Negó una prórroga para gestionar ORIENTA Alicante a la entidad gestora, que habría de ser efectiva el 1 de diciembre, basándose en una supuesta deuda de la entidad con la GVA.
- Presionó a la entidad gestora para renunciar al concierto, cosa que se hizo efectiva el 8 de octubre de 2025, justificándose en dicha deuda, que posteriormente se ha constatado que ya estaba subsanada en septiembre, cuando la prórroga no habría entrado en vigor hasta diciembre.
- Aprovechó esa renuncia forzada para adjudicar de manera directa y con total opacidad el servicio a una fundación sin la experiencia requerida para la gestión, y solo para atender una primera cita, sin los perfiles profesionales que el servicio ofrecía para la atención individualizada y que se exigen en el concierto social, dejando a cientos de personas sin su acompañamiento, y así siguen desde hace semanas.
- Permitió que la nueva entidad no subrogase al equipo profesional, rompiendo la continuidad asistencial y vulnerando las obligaciones laborales contempladas en el convenio de aplicación.
El resultado es claro: desde el 9 de octubre de 2025 Orienta Alicante ha dejado de ofrecer el servicio tal cual fue concertado, incumpliendo la obligación legal de garantizar servicios especializados, estables y con profesionales formados en todas las provincias, cosa que perjudica gravemente a personas usuarias que han visto interrumpida abruptamente su atención.
2. Orienta: Riesgo de cierre por falta de cobertura legal
A pesar de haber sido requerida en múltiples ocasiones durante los últimos meses, la Generalitat no ha emitido la prórroga administrativa ofrecida en septiembre e imprescindible para garantizar la continuidad del servicio Orienta, en el resto de la Comunitat Valenciana, a pesar de haber sido ofrecida en septiembre y que vincula los contratos de la plantilla a la existencia de un concierto.
Solo al recibir un burofax, la dirección general se ha dignado a reconocer a fecha 18 de noviembre que la prórroga está en tramitación. Esta forma de trabajo improvisada y negligente deja en situación gravemente irregular al servicio, deja al equipo profesional sin cobertura, incumple la legislación laboral vigente y pone en riesgo la continuidad asistencial de cientos de personas usuarias.
Como consecuencia directa, Orienta podría cerrar sus puertas el 30 de noviembre, dejando a toda la Comunitat Valenciana sin un recurso público que las leyes autonómicas obligan a mantener operativo, estable y dotado de personal especializado.
3. L’Armari de la Memòria: eliminación de un servicio que la ley obliga a preservar
Después de meses de ninguneo, vaciado de contenido, incumplimiento de legislación laboral y censura al servicio, la administración en un acto de opacidad sin precedentes oculta el cierre real de este servicio a la ciudadanía, anunciando después de que se denunciara este hecho que asumirá directamente el servicio. Sin embargo, es importante incidir en que no hay continuidad del servicio sin subrogación del personal profesional cualificado. Por ello, estamos ante una maniobra más de manipulación de la Generalitat, escondiendo tras una supuesta reformulación del servicio su cierre real.
Este hecho vulnera la Ley LGTBI autonómica, que obliga a preservar la memoria democrática del colectivo, garantizar recursos permanentes para su investigación y difusión y promover acciones de reparación y divulgación histórica.
Además, este cierre afecta directamente a centenares de personas que cedieron archivos personales, testimonios y materiales íntimos confiando en un servicio público de memoria.
Estas personas y entidades no han sido informadas de las maniobras opacas de la Dirección General de Diversidad y que han conducido al vaciamiento del proyecto. Tampoco se les ha podido informar sobre el futuro de sus fondos documentales, lo que supone una ruptura grave de confianza institucional.
Ante un escenario incierto, si no los recuperan antes del cierre del servicio, su derecho legítimo a acceder a ellos y a recuperar los fondos de su propiedad podría quedar gravemente obstaculizado, así como el acceso a estas fuentes de valor histórico por parte de personas investigadoras y del conjunto de la ciudadanía.
Denunciamos que la clausura de este servicio elimina un recurso pionero en el Estado y silencia la memoria del colectivo LGTBI+ valenciano.
4. Miles de personas desatendidas, que serán más a partir del 30 de noviembre
El cierre de hecho de Orienta Alicante, al que se sumará el de l’Armari de la Memoria, y si la Generalitat no recula, el del conjunto de Orienta, tiene un impacto directo y devastador:
- Miles de personas usuarias que recibían acompañamiento psicológico, jurídico y social dejan de tener acceso a recursos especializados:
- Las personas trans ven interrumpidos procesos administrativos y de acompañamiento.
- Las personas migrantes quedan desatendidas con procesos de regularización o demandas de asilo iniciadas.
- Menores LGTBI+, sus familias y el profesorado de sus centros educativos quedan desamparadas en situaciones especialmente vulnerables como ideaciones de suicidio, mediaciones familiares o acoso escolar.
- Víctimas de LGTBIfobia y terapias de conversión quedan privadas de acompañamiento psicológico y legal.
- Centenares de investigadoras, investigadores y estudiantes pierden un recurso insustituible donde documentarse sobre el pasado del colectivo LGTBIAQ+.
- Centenares de personas pierden la posibilidad de recuperar la memoria LGTBIAQ+, y por tanto de que se restablezca su dignidad después de años de persecución y discriminación.
- La sociedad en su conjunto pierde un servicio que contribuye a la sensibilización sobre la diversidad sexo-genérica y la lucha por la igualdad en un contexto de auge de la extrema derecha.
- La Comunitat Valenciana pierde por primera vez en años su red completa de servicios LGTBIAQ+.
No se trata de decisiones técnicas: se está dejando sin atención a miles de personas que dependen de estos servicios para su bienestar, su seguridad y su igualdad real en un ejercicio de improvisación, falta de planificación y dejadez y que son consecuencia de la cruzada personal que la Dirección General de Diversidad tiene contra los colectivos por ejercer nuestro legítimo derecho a discrepar y protestar respecto a decisiones arbitrarias, maniobras de pinkwashing, persecución a entidades que no se dejan controlar y recorte de derechos que se han tenido que denunciar como inconstitucionales.
5. Este desmantelamiento vulnera la ley
La Ley Trans Valenciana y la Ley LGTBI autonómica obligan a garantizar servicios activos en las tres provincias, personal especializado con formación acreditada, continuidad asistencial sin interrupciones y recursos suficientes para acompañamiento, mediación, asesoramiento y memoria. El vaciamiento o cierre de estos servicios es un incumplimiento directo de estas obligaciones legales y deja desprotegidas a miles de personas.
6. Exigimos a la Generalitat Valenciana:
- Restituir la calidad profesional y la subrogación obligatoria del equipo de Orienta Alicante.
- Emitir de forma inmediata la prórroga administrativa al resto de Orienta que dé cobertura legal a las entidades gestoras para poder seguir prestando el servicio.
- Comunicar de forma oficial y transparente los planes que tienen realmente para el servicio L’armari de la memòria, el presupuesto que van a destinar para su adecuado funcionamiento, la plantilla con la que va a contar y si piensan cumplir la ley y subrogar al equipo profesional especializado actual.
- Cumplir con la legislación LGTBI vigente, así como con la legislación laboral aplicable en la prestación de estos servicios subrogando las plantillas tal y como establece el convenio de aplicación.
- Destituir al director general de Diversidad que, bien por maldad, bien por incompetencia, ha perjudicado gravemente a miles de personas usuarias del colectivo por sus decisiones, tomadas de forma arbitraria y guiadas por animadversión personal y no por criterios técnicos.
- Pedir disculpas públicas a las personas afectadas por el desmantelamiento de los servicios y a las entidades firmantes y trabajar para recuperar nuestra confianza rota desde hace años.
Sin estos servicios, la ley se convierte en papel mojado
La ausencia de estos recursos no es un fallo administrativo: es un retroceso en derechos, una vulneración del marco legal vigente y una ruptura de la confianza de miles de personas con su administración.
Signem:
