El lunes 17 de febrero se acabó el plazo dado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para que la Región de Murcia retirase el veto parental promovido por Vox e implantado a principios de curso en esta comunidad, gobernada por Partido Popular y Ciudadanos.
El Ministerio de Isabel Celaá cumplió su palabra y ayer presentó el recurso ante la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia contra la aplicación del ‘pin parental’, que permite a las familias vetar la asistencia de sus hijos e hijas a actividades complementarias.
Estas actividades “forman parte de la propuesta curricular” y se imparten en los centros educativos, explican fuentes del Ministerio de Educación a Europa Press, por lo que “el Ministerio tiene la obligación de garantizar el derecho de los menores a la educación”.
En el mismo sentido se ha expresado la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana que a finales de la semana pasada hizo llegar una circular de 5 páginas a todos los centros educativos. En ella recuerda que el veto parental “vulnera el derecho fundamental de los niños y niñas a ser educados, además de vulnerar tratados internacionales firmados por el Estado español como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención de Derechos del Niño”.
Nada que las direcciones de los centros no supieran ya pero han agradecido, como nos han hecho saber en conversaciones informales con personas de Lambda, el espaldarazo anímico que supone esta declaración expresa de Conselleria en contra de las autorizaciones previas de padres o madres sobre contenidos curriculares.
“La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, recoge en la citada carta, y “los centros educativos son transmisores de conocimientos contrastados, y desarrollan contenidos desde un punto de vista racional, científico y no doctrinal”.
Y es que justo eso, el conocimiento racional, científico y no doctrinal, es lo que organizaciones de la extrema derecha como Vox o Hazte Oír tratan de dinamitar: los acuerdos sociales ampliamente aceptados por países democráticos, como la igualdad entre hombres y mujeres, o la identidad de género.
En este sentido, se señala que “los protocolos de atención educativa a la identidad de género” no suponen “ningún adoctrinamiento lesivo a los derechos fundamentales” y que no difieren de la posición del “ordenamiento jurídico”, ya que “descansan en los valores fundamentales derivados de la Constitución”.
Garantizar la educación
Así, la Conselleria de Educación asegura: “El derecho de las familias a decidir sobre la educación religiosa y moral de sus hijos e hijas no puede, en ningún caso, desvirtuar el deber del Estado de garantizar una educación en el respeto a los principios democráticos de convivencia”.
Como leemos en Levante-EMV, Vox se queda solo al pedir que se implante el pin parental en la Comunitat Valenciana. Afortunadamente y confiamos en que siga siendo así si lo vuelven a intentar más adelante.
Ante esta insistencia para imponer el veto parental, desde Lambda recordamos que la educación es un derecho de las y los menores. Por eso, a principios de curso lanzamos la campaña Front al PIN, jo PUK, un juego de palabras tras el cual damos argumentos para contrarrestar el discurso perverso de Vox.
