Hoy se cumplen 5 años de la aprobación Real decreto Ley 2012/20, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que supuso la retirada de 870.000 tarjetas sanitarias

Desde Lambda queremos compartiros el informe que los compañeros y compañeras de REDER han elaborado. Desde 2014, han documentado 3.340 casos de exclusión entre los cuales destacan 146 casos de exclusión de embarazadas, 243 de menores y 26 de solicitantes de asilo.

Según informan, el Real decreto Ley 16/2012 supuso la exclusión del Sistema Nacional de Salud (SNS) de centenares de miles de personas y hoy cumple 5 años. A lo largo de este lustro, en respuesta a la repetida denuncia de varios organismos internacionales y europeos sobre la grave vulneración de derechos derivada de esta medida, el gobierno ha difundido una serie de mensajes falaces que la Red de denuncia y resistencia al RDL 16/2012 (REDER) desmontan hoy, a través de la presentación del informe “Cinco mitos para cinco años de exclusión sanitaria”.

  • “Una reforma inevitable para salvar la Sanidad”

El Sistema Nacional de Salud Español (SNS) se caracterizaba hasta 2012 para otorgar una cobertura muy amplia con un gasto relativamente contenido respecto de otros países de nuestro entorno. Sin embargo, el Gobierno alegó que el sistema se encontraba al lado del colapso y con este único argumento, sin aportar memoria económica alguna que justificara las medidas adoptadas, impuso en abril de ese año una reforma radical. Cinco años después, no se ha realizado por parte del Ejecutivo ningún informe de impacto que permita valorar el efecto que el RDL 16/2012 ha tenido sobre la salud individual y colectiva.

  • “En España nadie se queda sin asistencia sanitaria”

Desde enero de 2014 hasta marzo de 2017, las organizaciones integrantes de REDER han recogido 3.340 casos de personas excluidas del SNS –de las cuales, 1.840 eran personas en situación administrativa irregular-. Esta cifra constituye una muestra que constata la existencia de una grave situación con una dimensión real mucho mayor. De hecho, ni siquiera se han respetado los casos de las personas que tienen que acudir a urgencias para ser atendidas, ni los de quienes sí tienen derecho a recibir asistencia sanitaria (mujeres embarazadas, menores, víctimas de trata y personas solicitantes de asilo). 146 casos documentados de mujeres embarazadas, 243 de menores, 26 de personas solicitantes de asilo y 341 casos de denegación o de facturación indebida de la atención en urgencias así lo demuestran.

  • “La Sanidad es hoy más universal que nunca”

Según la versión del Gobierno, el RDL 16/2012 otorgó el acceso al SNS a las personas paradas de larga duración que habían agotado su prestación por desocupación, pero estas personas ya habían sido incluidas en el Sistema por la Ley General de Salud Pública de 2011. Por el contrario, el RDL dejó fuera del sistema a centenares de miles de personas, como el propio Ejecutivo certificó refiriéndose a las 873.000 tarjetas sanitarias retiradas a partir de la entrada en vigor de la normativa.

  • “Dar tarjeta sanitaria a las personas en situación irregular fomenta el turismo sanitario”

El perfil de la persona que realiza turismo sanitario es el de alguien con recursos y ciudadanía europea que viene a España con el fin exclusivo de recibir tratamiento médico especializado. Antes del real decreto existían mecanismos para facturar esta atención sin que supusiera una carga para el Estado. Por el contrario, las personas migrantes en situación administrativa irregular son, en general, jóvenes y con buen estado de salud que vienen a España a vivir y a trabajar. El uso que realizan del sistema sanitario es sensiblemente inferior al de una persona nacional. Es más, sólo el 3% de quienes migran en Europa lo hacen por problemas de salud.

  • “Con las nuevas normativas autonómicas ya no hay exclusión sanitaria”

Estas disposiciones han tenido un impacto positivo a la hora de mitigar los graves efectos del RDL, “pero el problema dista mucho de estar resuelto”, denuncian en su informe desde REDER. Desde la aprobación de estas medidas, la red ha documentado 687 casos de personas excluidas a causa de que:
– Las propias normativas contienen barreras administrativas de difícil cumplimiento en algunos casos.
– Las medidas no han venido acompañadas de campañas informativas dirigidas tanto al personal de los centros sanitarios como las propias personas afectadas.
El alcance de estas normativas está limitado por las propias competencias de las comunidades autónomas que las incapacitan para revertir el cambio de modelo.

REDER considera que el cambio legislativo es imprescindible y no puede posponerse más. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que actualmente la mayoría parlamentaria está integrada por partidos políticos que han manifestado de forma reiterada su compromiso con un sistema sanitario público y universal, desde REDER exigimos a los diferentes grupos parlamentarios la adopción de medidas legislativas que aseguren el fin de esta situación.